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Una base de datos que contiene información de 39,8 millones de datos de personas españolas nacidas entre 1926 y 2004. Esta base de datos contiene información como la fecha de nacimientonombreapellidosdirecciónciudad y código postal, por lo que básicamente pueden saber todo de nosotros si es cierto. De hecho, mirando los números, incluye casi la totalidad de ciudadanos del país y todo ocupando únicamente 40 MB.

Este documento de solo 40 MB que tiene los datos de casi 40 millones de ciudadanos españoles, se ha puesto a la venta en la Dark Web por 10.000 dólares. Este puede resultar un precio relativamente barato si tenemos en cuenta que es información de casi todos los ciudadanos del país. Ahora bien, no se trata de información crítica de una empresa importante, por lo que al final se limita a datos que pueden emplear para futuras campañas de engaño y fraude. Por ejemplo, pueden enfocarse en determinadas personas o grupos sabiendo su información a la hora de promocionar publicidad engañosa.

También puede ser de gran importancia para ciertas entidades tener estos datos y tal y salvo que quiera llevarlo a subasta, el primero en pagar se lleva el documento de 40 MB. Ahora bien, no sabemos si se trata de robo de datos real, por lo que la persona o institución que acabe pagando los 10.000 dólares sabrá la verdad.

Un conocido foro underground de habla rusa, en la que un usuario ha puesto a la venta por 10.000 dólares una base de datos “de los ciudadanos de España”.

No se ha revelado cómo ha obtenido esta base de datos

Un hacker asegura tener una base de datos de españoles nacidos entre 1962 y 2004 y los ofrece a otros ciberdelincuentes por $10,000 dólares.

la supuesta base de datos contiene el DNI, nombre, primer y segundo apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad y código postal de los ciudadanos nacidos entre 1962 y 2004, y que la facilita en un archivo con un tamaño de 40 megas.

Es información que podría ser de utilidad para aquellos ciberdelincuentes que estén pensando realizar una campaña de phishing o similar, pues datos como la fecha de nacimiento o la dirección podrían ayudar a crear un ataque más personalizado y, por tanto, hacer que la víctima caiga en la trampa más fácilmente.

Afirma tener los datos de millones españoles no demuestra de ninguna forma que el contenido de esa base de datos es información real de los ciudadanos nacidos entre 1962 y 2004. Podría simplemente haber publicado el post en un foro de la dark web y esperar a ver si algún atacante cae en la trampa y paga 10.000 euros por la supuesta base de datos.


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Un ciberataque ha dejado sin sistema informático al Ayuntamiento de Sant Antoni, que está a ciegas desde la pasada medianoche. Desde el Consistorio confirman que han sufrido “un ciberataque de ransomware que ha afectado a los sistemas informáticos municipales”.

Este tipo de ataque denominado ransomwareutiliza un malware con el objetivo de lograr el control de los equipos informáticos en los que se adentra para cifrar todos sus archivos , a cambio de una condición que suele el pago de un rescate por parte del afectado.

Los empleados y funcionarios del Consistorio se han encontrado esta mañana, al llegar a sus puestos de trabajo, con que no podían acceder al sistema interno municipal; tampoco a sus archivos.

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Analizar el alcance del ataque

“El problema se ha detectado esta medianoche y, desde entonces, el servicio de informática, que ya ha contactado con un equipo de especialistas, está trabajando para analizar el alcance del ataque y la afectación que ha tenido en los servicios municipales”, informan desde el equipo de gobierno.

Los primeros trabajos de estos profesionales, “se están focalizando en la contención del ciberataque y el inicio de los procesos de recuperación”.

Los equipos informáticos “se mantienen paralizados y se ha comunicado a los empleados las pautas de actuación mientras se analiza y soluciona la situación”. El problema informático, advierten, “es grave y se necesitará tiempo para restablecer la situación de normalidad”.

Desde el Ayuntamiento recomiendan a la ciudadanía llamar antes de acudir de forma presencial para confirmar si se podrán realizar los trámites o atender su cita. 

Sant Antoni sigue con el sistema informático secuestrado pero logra activar servicios mínimos

 El Ayuntamiento de Sant Antoni sigue ‘secuestrado’ por piratas informáticos que entraron en su sistema la medianoche de este jueves y bloquearon los sistemas de la corporación local. Los técnicos continúan analizando los daños y estudian cómo afrontar este problema que ya han sufrido otros ayuntamientos de las islas, como el de Calvià a principios de enero. En el caso de este consistorio mallorquín, el alcalde se negó a pagar los nueve millones de euros de rescate que exigían los secuestradores.

A la espera de entrar en contacto con los responsables de este asalto, el Consistorio de Portmany ha logrado restablecer servicios mínimos con ordenadores portátiles nuevos, que no han estado en contacto con la red municipal intervenida desde el exterior. Desde el gabinete de prensa indican que han activado el registro de entrada de documentos y las gestiones para el empadronamiento.

También solicitan a los ciudadanos que tengan que realizar trámites en el Consistorio que llamen antes (971 340 111) para saber si será posible llevarlos a cabo o si, como consecuencia del ataque, todavía no están habilitados.

Desde el Consistorio confirmaron este jueves que habían sufrido “un ciberataque de ransomware que ha afectado a los sistemas informáticos municipales”.

“El problema se ha detectado esta medianoche [por la del jueves] y, desde entonces, el servicio de informática, que ya ha contactado con un equipo de especialistas, está trabajando para analizar el alcance del ataque y la afectación que ha tenido en los servicios municipales”, informaron ayer desde el equipo de gobierno.

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Los primeros trabajos de estos profesionales se centraron en “la contención del ciberataque y el inicio de los procesos de recuperación”.

Los equipos informáticos “se mantienen paralizados y se ha comunicado a los empleados las pautas de actuación mientras se analiza y soluciona la situación”. El problema informático, advertían desde el Consistorio, “es grave y se necesitará tiempo para restablecer la situación de normalidad”.

Desde el Ayuntamiento insisten en recomendar a la ciudadanía que llamen antes de acudir de forma presencial para confirmar si se podrán realizar los trámites o atender su cita.

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El Juzgado de Menores número uno de Sevilla ha condenado a un adolescente de 17 años de edad a 55 horas de servicios en beneficio de la comunidad por un delito contra la intimidad, cometido al hackear la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto de Gines, a la que él y sus padres habrán de indemnizar con mil euros.

En una sentencia emitida el pasado 13 de noviembre, dicha instancia judicial declara probado, de conformidad con el menor inculpado, que ha reconocido los hechos, que “desde el 14 de febrero hasta el 5 de abril del año 2022, sin consentimiento y violando las medidas de seguridad pertinentes”, él mismo “accedió desde su teléfono móvil en numerosas ocasiones a la cuenta drive/nube virtual vinculada a la cuenta de Google corporativa cuya titular es su profesora, donde ésta almacena información tanto de carácter personal como corporativa“.

En la vista, según la sentencia, el menor “manifestó ser el autor de los hechos y mostró su conformidad con la medida solicitada por el Ministerio Fiscal” para él, en este caso “la medida de 55 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, con la finalidad de que comprenda que actuó de forma incorrecta, que merece el reproche de la sociedad, que los hechos cometidos son graves, que se han causado perjuicios a una persona de manera injustificada y que la prestación de servicios que se le exige en beneficio de la comunidad constituye un acto de reparación justa”.

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 Por eso, el Juzgado de Menores número uno de Sevilla condena al adolescente a 55 horas de servicios en beneficio de la comunidad por un delito contra la intimidad, así como a una indemnización de mil euros en favor de la profesora, en concepto de daño moral, cuantía que habrán de pagar el menor y sus padres de forma conjunta y solidaria.

Fran Peláez, abogado del despacho sevillano PenalTech y profesional que ha defendido los intereses de la profesora en este caso, ha manifestado al respecto que “este tipo de delitos tecnológicos son extremadamente difíciles de perseguir por su complejidad a la hora de identificar al autor de los hechos”.

En este caso concreto, “se dedujo que el intruso podía ser alguien del entorno de la educadora que estuviese interesado en el tipo de información que guarda aquella en la nube”. Por tanto, ante tal escenario confuso, “solo cabía la posibilidad de identificar al autor de los hechos a través de la dirección IP que podría identificar a un dispositivo en Internet o en una red local”, según explica el letrado experto en delitos informáticos.

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